En Bolivia, las medidas tendientes a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la temática de la tierra sólo responden de manera parcial a la Agenda 2030.
Esta es la principal conclusión a la que se llegó durante el evento “Objetivos de Desarrollo Sostenible, acceso y gobernanza de la tierra y territorios en Bolivia”, organizado por la Fundación TIERRA y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), en el marco del trabajo que lleva adelante la Coalición Nacional por la Tierra en Bolivia.
En dicho evento se presentó el informe “Gobernanza de la tierra y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia”, el cual fue realizado por IPDRS y su iniciativa “Movimiento regional por la tierra y el territorio” conjuntamente con la plataforma regional que impulsa la ILC “Tierra y ODS”, y es parte de una serie de informes país desarrollados por dicha plataforma sobre esta temática.
Informe “Gobernanza de la tierra y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia”
A lo largo del documento se hace un amplio y profundo análisis de los avances y retrocesos en el cumplimiento de los ODS relacionados con la tierra, tomando en cuenta para ello el Reporte Nacional Voluntario sobre ODS presentado por el gobierno boliviano a mediados de 2021, además de otros documentos rectores de la planificación nacional como la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020.
Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las que hacen parte de la CNT Bolivia y la plataforma regional Tierra y ODS, alertan sobre una serie de políticas y leyes que vulneran los derechos colectivos relacionados con los territorios indígenas y la presión ejercida sobre la tierra y recursos naturales debido a los proyectos extractivistas que afectan el control territorial de una diversidad de comunidades indígenas.
“El informe que hemos presentado puede ser considerado una provocación ante los diferentes sectores de la sociedad para llamar la atención. El tema de tierra y territorio debe llamar la atención a más gente, a más actores, a periodistas, a autoridades e instituciones, a seguir analizando y a seguir vigilando. En definitiva, es también, una provocación para ejercer nuestro derecho a la información (…). Las autoridades comunican al exterior cosas que no están ocurriendo”, resaltó Ruth Bautista Durán, Responsable de Investigación del IPDRS.
Los cuatro objetivos relacionados con el tema tierra son el ODS 1 —fin de la pobreza—, el ODS 2 —hambre cero—, el ODS 3 —igualdad de género—, y el ODS 15 —vida de ecosistemas terrestres.
Entre algunas de las observaciones que se hicieron para temáticas que están dentro de los ODS 1 y ODS 2, por ejemplo, se señala que a pesar de lo avanzado, el proceso de saneamiento y titulación de tierras todavía tiene un retraso y esto genera nuevos conflictos emergentes por sobreposición de derechos, apropiación indebida e invasión de áreas protegidas:
“El principal problema es la ausencia de un sistema transparente y público. Esta situación genera grandes dudas en la población en general; y, además, promueve el accionar delictivo en contra de la normativa”.
“En el caso del ODS 15, que se refiere a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, hemos encontrado mucho menos información en los documentos que hemos revisado y es algo preocupante (…). En el informe voluntario que presenta el gobierno a Naciones Unidas, se indica que es prioridad reducir la deforestación, incrementar las áreas forestales (…). No obstante, se está incentivando la ampliación de la frontera agrícola, el desmonte y la productividad antes de la conservación de la biodiversidad”, señaló Bautista Durán.
En el evento, la abogada agrarista del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Deborah Díaz Araujo, expuso una larga lista de normas aprobadas para cumplir las metas que se tienen para el 2030 en tema de acceso y control de la tierra, destacando que la mayoría no se cumplen o han sido modificadas o reemplazadas, afectando en general a los procesos que tienen que ver con la tenencia de tierras.
Toribia Lero Quispe, diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lamentó que la información para poder medir los avances de los ODS en Bolivia sea casi nula: “Ese informe voluntario que presentó el gobierno fue elaborado por el Ministerio de Planificación, pero no sé si las ONG han participado de esa elaboración, pero los pueblos indígenas no (…). Yo sugeriría a la sociedad civil que para hacer seguimiento a todos estos documentos comencemos a hacer informes sombra, para contrastar lo que hace el gobierno”, afirmó.
Por su lado, Jimena Mercado, periodista de investigación, narró desde su experiencia cómo la actividad extractivista afecta a las comunidades indígenas y cómo se debería entender este proceso en el marco de los objetivos de desarrollo. “En el caso del ODS 15, que habla sobre la restauración de la tierra y el suelo degradado, estamos yendo en dirección opuesta en el norte de La Paz (…). Cuando hablamos de que la tierra tiene que ser restaurada, lo que se ve allá es contaminación (por la minería). Las dragas, como remueven el río desde el fondo, sacan piedras, y eso es lo que queda en las orillas de los ríos, donde antes había tierras fértiles. Los ríos están muy contaminados por el mercurio y los pueblos están contaminados por alimentarse con los peces que están llenos de mercurio”, relató Mercado.
Los ODS se adoptaron por todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Estos objetivos son 17 y están organizados en 169 metas y 232 indicadores. De ese grupo, cuatro metas y cinco indicadores están relacionados específicamente con la tierra.
* Esta nota es una versión editada de la nota publicada originalmente en la página de Fundación TIERRA, disponible aquí