Fueron tres días preparatorios en los que defensoras y defensores de la tierra y el territorio se congregaron en Chile para analizar los elementos más esenciales del Acuerdo de Escazú. La delegación de la PDTT llegó a la COP3 a impulsar el enfoque de género, el rol de las mujeres defensoras y la centralidad de los territorios y sus liderazgos. El Plan de Acción aprobado es una oportunidad y a la vez un desafío.
Una delegación de 14 personas defensoras de la tierra y el territorio integrantes de la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio (PDTT), se dieron cita en Santiago de Chile para participar tanto del evento preparatorio PreCOP de la Sociedad Civil Escazú 2024, como de la Conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú - COP3, donde se definiría el Plan de Acción Regional para el Acuerdo.
Participaron representante de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia con tres objetivos centrales:
- posicionar los aportes de la PDTT en la discusión regional sobre la situación de las defensoras y de los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente;
- incidir y establecer redes con organismos internacionales y otros procesos de articulación regional; y, finalmente,
- fortalecer las capacidades de las defensoras, los defensores, sus organizaciones y comunidades a través del aprendizaje, el intercambio y la participación en espacios trasnacionales para visibilizar sus demandas y promover acciones a favor de la protección de la tierra y el territorio.
Para Ana María Restrepo, facilitadora de la PDTT, “es importante que sean las defensoras y defensores quienes estén presentes en estos escenarios no solo para posibilitar la apropiación y socialización en los territorios de las definiciones, sino porque esto también genera aprendizajes sobre cómo se hace la incidencia, y favorece las redes y el intercambio con otras personas que enfrentan realidades similares”.
Lo que señala Ana María es significativo en tanto en numerosas ocasiones los espacios oficiales son coptados por voces que no representan las organizaciones locales. En ese sentido Claudelice Santos, del Instituto Ze Claudio e Maria/ Escazu Ahora, de Brasil, expresó cómo mientras que en la Pre-COP se sitió entre pares, construyendo en colectivo, “en la COP oficial me sentí poco representada por los representantes oficiales del país (…) En Brasil tenemos que luchar hasta la ratificación del acuerdo, tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas de otros países de nuestra inmensa América Latina y el Caribe para que se pueda alcanzar la ratificación y, más aún, la implementación de esta herramienta en nuestro país”.
Ante esto, la PDTT en articulación con Oxfam y la International Land Coalition en América Latina y el Caribe, impulsaron y privilegiaron la participación de mujeres defensoras en estos escenarios.
Para Pamela Benicio, de la Red Chacha Warmi de Argentina, su participación significó una oportunidad para aprender y dar voz a las demandas de su comunidad Ayllu Abralaite. “Participar en la PreCOP y en la COP fue una experiencia de mucho aprendizaje (…) Ambos espacios internacionales me dieron acceso a información actualizada del acuerdo y la oportunidad de crear vínculos con otras organizaciones de hermanas indígenas defensoras del ambiente e intercambiar experiencias de trabajo”.
El enfoque de género, una prioridad
Como parte de la agenda de la PreCOP, la PDTT, Oxfam y la ILC LAC organizaron el cine foro “Las mujeres en defensa del territorio” y el taller “Enfoque de género y derechos de mujeres de defensoras en el Acuerdo de Escazú”. Ambas actividades buscaron impulsar la reflexión sobre las realidades que enfrentan las mujeres defensoras y activar el diseño de estrategias que ayudaran a integran el enfoque de género en el Plan de Acción Regional.
Magany Belalcázar y Amanda Huichalaf, lideresas y protagonistas de las luchas que se presentaron en los cortos documentales “En la Línea” y “Jardín Infinito”, estuvieron presentes y alertaron sobre la importancia de relevar sus voces. “Es importante para estos procesos que la voz de las mujeres vaya adelante, que se sepa de nuestra lucha ante tantos actores e intereses extractivos” manifestó Magany.
A esto se sumaron las reflexiones suscitadas en el marco del taller alrededor del acceso a la información; la participación; el acceso a la justicia y los mecanismos de protección con los que cuentan las mujeres defensoras.
Algunos de esos asuntos fueron compilados por Karla Priego, directora de Veredas AC, de México, quien participó del taller. Se indican, por ejemplo: mayor transparencia en las instituciones y empresas, pues no está garantizado el acceso a la información para comunidades y pueblos indígenas, especialmente de mujeres; la necesidad de garantizar para las mujeres defensoras una participación más activa e incidente, tanto en el ámbito rural como urbano; mayor autonomía de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes en relación con la consulta previa e informada; y voluntad política para acabar con la impunidad y construir planes de seguridad con enfoque de género.
La aprobación del Plan de Acción Regional, ¿oportunidad o desafío?
La participación en la COP3 fue determinante para exponer lo que las y los defensores habían consolidado en la PreCOP y que contribuiría a la definición del Plan de Acción Regional, que no es otra cosa que el compromiso expreso de los Estados parte para desarrollar acciones conducentes a garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales” (artículo 9), en un primer plazo hasta 2030.
Para Javier Medina, integrante de la PDTT e investigador del Cinep/Programa por la Paz, en Colombia, la aprobación del Plan aumenta el reconocimiento y la legitimidad a nivel regional y nacional de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Sin embargo, según él, esto debe ser acompañado de medidas reales para su protección.
Tras la aprobación, Ana María considera que la PDTT debe avanzar en “la lucha por un Plan de Acción con una perspectiva de género que acoja de manera integral las situaciones de vulneración que enfrentan mujeres y diversidades”.
Ahora bien, para las organizaciones de la sociedad civil, esta aprobación es una oportunidad para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú y, de manera colaborativa, generar indicadores que permitan ver los avances del mismo. Según Javier, hay tres acciones clave en las cuales avanzar:
- Trabajar en conjunto para aumentar la participación de las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en los distintos mecanismos de implementación y de participación del Acuerdo, incluida la representación del público.
- Hacer seguimiento a la implementación del Plan y generar recomendaciones para los Estados teniendo en cuenta el Acuerdo de Escazú y el derecho internacional de los Derechos Humanos.
- Trabajar junto con las organizaciones de mujeres y mujeres de organizaciones mixtas en darle sentido al “con perspectiva de género y enfoque interseccional”, para asegurar que los lineamientos para la protección incluyan la propia experiencia de las mujeres en el contexto extractivo latinoamericano.
Uno de los principales logros de esta participación tanto en la PreCOP como en la COP Escazú se resume en esta frase que surgió durante el taller de género. Las defensoras que fueron parte de la delegación de la PDTT se encontraron en Chile y aprendieron, se reconocieron unas a otras en realidades similares, con luchas que las conectan y sobre las que caminan con determinación. Reconocen que, si bien el Acuerdo abre una ventana de oportunidad, aún falta mucho por hacer y que “la única manera es la lucha colectiva, que nos juntemos todas”, en palabras de Martha Esber, integrante de la PDTT y de la Fundación Plurales, de Argentina.
Pamela observa que “si bien el acuerdo es un instrumento que nos protege y respalda a las y los defensores ambientales (…) escuchando las demandas de hermanos indígenas de diversas regiones y reconociendo las desigualdades y barreras que enfrentamos históricamente, es necesario se consolide un mecanismo que garantice nuestra participación de forma efectiva y directa en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades planteadas para la implementación y sobre todo en las instancias de negociación del Acuerdo”.
El Acuerdo de Escazú contempla explícitamente la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es un esfuerzo por integrar distintas voces, generar la participación y propiciar un diálogo regional sobre el tema. No obstante, es necesario escuchar a quienes enfrentan en los territorios el modelo de desarrollo extractivista y los efectos alarmantes del cambio climático sobre los bienes naturales y los territorios donde se asientan comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginales.
Es necesario incidir y visibilizar las voces de las y los defensores ambientales, para garantizar que los Estados incorporen medidas efectivas y sobre esto hizo un llamado Magany Belalcazar: “nos seguiremos juntando las y los defensores reales, las que estamos amenazadas, las que no tenemos mecanismos de protección (…) [porque] Si se sigue articulando con las agencias de cooperación internacional que están en las capitales se invertirán muchos recursos, pero no habrá recursos humanos en los territorios para defender el aire y la vida que hoy estamos defendiendo las defensoras rurales de carne y hueso que estamos en los territorios”.