Según el censo nacional 2018, en el área rural existen cerca 1.53 millones de hogares en situación de pobreza en Guatemala, lo que incluye a 540 mil familias en pobreza extrema. Esta problemática se verá seriamente agravada debido a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 a nivel global y su impacto diferenciado en el campo y la ciudad.
Gracias al constante monitoreo realizado por la Estrategia Nacional de Involucramiento en Guatemala –llevado a cabo por la Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)– se ha logrado dimensionar el desempeño del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a lo largo del primer semestre del año 2020, evidenciado una baja ejecución tanto del presupuesto anual como del extraordinario asignado por la emergencia sanitaria del Covid-19.
Monitoreo revela cero ejecución del presupuesto de emergencia
Desde finales del mes de marzo, cuando la reacción ante la pandemia se hacía urgente, el Ejecutivo solicitó la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Con la aprobación del Decreto 12-2020 “Ley de Emergencia”, el presupuesto nacional fue incrementado en Q3,667.50 millones. En el caso del MAGA, se incrementaron Q.400, un fondo extra para atender desastres naturales y calamidades públicas, del cual Q.350 millones se asignaron para la entrega de alimentos y Q.50 millones para apoyo a la agricultura familiar. Sin embargo, tres meses después dicho fondo aún no ha sido ejecutado. El monitoreo también ha mostrado que las ejecuciones publicadas por el MAGA se refieren a un 12.80% (Q.174.78 millones) de su presupuesto ordinario (Q.1,265.41 millones, el 1.55% del presupuesto nacional) por gastos relacionados en su mayoría al pago de personal e insumos de oficina.
El MAGA tiene designado el 44.6% de su presupuesto al Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar, es decir Q.601.72 millones (unos USD 78.13 millones). Según el último monitoreo durante el mes de junio tan solo había ejecutado Q.63.87 millones.
El 5.20% fue para el Subprograma de Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos, el cual se encarga de la entrega de alimentos. Sin embargo, el mayor gasto está relacionado con el costo del personal y equipo. Esto contradice la intención del gobierno que anunció en mayo la entrega de 506,850 raciones de alimentos por tres meses a las familias afectadas por la pandemia. A la fecha la ayuda es insuficiente o simplemente no ha llegado a las poblaciones más necesitadas en el campo.
Por su parte, el 15.50% de la ejecución fue por el Subprograma de Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares, mientras que el Fondo de Tierras, con Q.283 millones de presupuesto -unos USD 36.75 millones-, reportó un 5.69% de ejecución por gastos de administración. En los casos del Subprograma Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica y de las actividades para el Fortalecimiento de la Administración del Agua tenían ambas un 0% de ejecución.
Organizaciones campesinas demandan eficacia en ejecución
Según el propio ministerio existen 1.2 millones de familias campesinas que atender, unas cinco millones de personas, de las cuales más de la mitad se identifican como indígenas.
Las organizaciones campesinas miembros de ILC en Guatemala e impulsores de la Estrategia Nacional en el país han denunciado que a nivel local la ayuda prometida por el gobierno no ha llegado y que las municipalidades solo están replicando ciertas medidas sanitarias sin atender las necesidades económicas de las familias.
Es urgente que el MAGA ejecute el fondo de Q400 millones –USD 51.94 millones- correspondiente a la ampliación del presupuesto priorizando programas productivo agrícolas en lugar de acciones asistencialistas que no son sostenibles en el tiempo.
Ello tiene mayor relevancia en el caso del Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar, el cual, de contar con una ejecución eficiente, podría ayudar a apalear la crisis alimentaria y el peligro de pobreza extrema en el campo.