La International Land Coalition – América Latina y el Caribe (ILC LAC) expresa su profunda preocupación ante el agravamiento de la crisis política, social y de derechos en el Perú.
A casi tres años del cambio de gobierno tras la destitución de Pedro Castillo, el país atraviesa una prolongada crisis institucional, marcada por la pérdida de legitimidad de las autoridades, el debilitamiento del Estado de derecho y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En medio de este contexto, el derecho a la protesta social se ha convertido en una de las pocas vías de expresión frente a la exclusión política y la vulneración de derechos territoriales.
En los últimos días, las movilizaciones convocadas por diversos sectores sociales en Lima y en regiones del país han sido reprimidas con violencia.
La muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz, ocurrida durante una marcha contra el nuevo gobierno de José Jerí en un contexto de fuerte presencia policial y represión a manifestantes, refleja la continuidad de un patrón de uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, que ha cobrado decenas de vidas desde 2022.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) documentó durante la reciente Marcha “Generación Z” al menos 85 casos de agresión policial, 11 personas heridas y múltiples detenciones arbitrarias, evidenciando la persistencia de prácticas represivas y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas frente a los abusos cometidos por las fuerzas del orden.
A la represión se suman constantes medidas normativas en los últimos tres años que vulneran los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
La modificatoria de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) restringe el acceso a la justicia de las comunidades al prohibir el uso de fondos de cooperación internacional para acciones de defensa legal contra el Estado. Asimismo, la Ley N.º 32293 permite la formalización de más de 65,000 predios invadidos en territorios de comunidades campesinas lo que constituye una amenaza directa a la titularidad colectiva y al carácter imprescriptible de las tierras comunales.
A ello se suma la denominada Ley Antiforestal (Ley N.º 31973), que facilita el cambio de uso de suelo sin estudios forestales previos, debilitando los mecanismos de protección de los bosques y favoreciendo la expansión de actividades extractivas y la deforestación en territorios indígenas. Preocupa, además, la intensificación de discursos oficiales que criminalizan el derecho a la protesta y estigmatizan a quienes se movilizan –especialmente jóvenes, campesinos y pueblos indígenas–, al calificarlos de “terroristas” o “violentos”.
Estas narrativas, arraigadas en prejuicios históricos y racismo estructural, legitiman la violencia institucional y debilitan los cimientos democráticos del país. La ILC LAC expresa su solidaridad con las víctimas de la represión y con las comunidades indígenas y campesinas que, en defensa de la vida, la tierra y los derechos colectivos, continúan resistiendo ante la violencia y las políticas que amenazan su existencia.
International Land Coalition - América Latina y el Caribe