"No podemos quedarnos callados ante las injusticias en nuestros territorios”. Con esta frase, organizaciones indígenas y campesinas de la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio (ENI Guatemala) denunciaron durante una conferencia de prensa internacional[1] la decisión del Gobierno de eliminar la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), la Comisión Presidencial de DD. HH. y la Secretaría de la Paz (Sepaz), instituciones esenciales para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y definir la política agraria, y que en su ausencia podría agravar la alta conflictividad social y agraria que ya impera en Guatemala.
Nota en el diario español La Vanguardia sobre la situación de los defensores de la tierra y el trabajo de la ENI Guatemala
Esta medida, tal y como se menciona en un pronunciamiento internacional de la ILC, significa “un retroceso en la construcción de un Estado más democrático y respetuoso de los derechos humanos” y supone dejar sin atención a más de 7200 casos de conflictividad agraria en todo el país.
Tras esta decisión, que llegó en medio de la pandemia, las organizaciones indígenas y campesinas exigieron al Gobierno un diálogo urgente para discutir sobre el futuro económico y político del país, atender la conflictividad agraria y territorial y reactivar la institucionalidad encargada de velar por la paz.
“Las organizaciones indígenas y campesinas hemos demandado al Estado que cumpla su rol constitucional de garantizar el bienestar y la paz a sus ciudadanos. Sin embargo, eso no ha sido atendido y, en el contexto de la pandemia, se ha incrementado la problemática, se realizan desalojos extrajudiciales, destrucción de cultivos, quema de viviendas, agresiones violentas en contra de los que luchan por recuperar sus territorios”, afirma Leocadio juracán, de CCDA.
Sin tregua durante la pandemia
Desde hace décadas, las poblaciones indígenas y campesinas guatemaltecas arrastran una situación de violencia en sus territorios que, tras la ausencia de instituciones que garanticen la paz, podría verse aumentada, dificultando aún más la resolución pacífica de la problemática agraria y territorial, así como el cumplimiento de los derechos a la tierra y al territorio de dichas poblaciones.
También es preocupante la violencia ejercida contra las personas que luchan por la defensa pacífica de la tierra y el territorio. En los primeros 6 meses de 2020, según el reciente informe de UDEFEGUA, se identificaron 677 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales 481 corresponden a actos de criminalización y 5 asesinatos a líderes y lideresas campesinas e indígenas.
Cabe destacar que este número de agresiones supera a los reportadas anualmente desde 2015 y demuestra que los desalojos extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, criminalización y asesinatos, entre otros tipos de violencia, no han cesado durante la pandemia, al contrario, habrían aumentado
“En los dos últimos meses, en el norte de Guatemala, especialmente en Alta y Baja Verapaz, se han sufrido un sin fin de acciones violentas por parte de grupos armados con el objetivo de despojar a las poblaciones mayas asentadas en estos territorios”, explica Jacob Omar Jerónimo, miembro de Nuevo Día. Por su parte, Carlos Morales, de UVOC, sostiene que en esta misma zona “se avecinan de 500 a 700 desalojos extrajudiciales y hay mucho temor por la persecución de lideresas y líderes campesinos”.
El incremento de la conflictividad del país es una muestra de la falta de voluntad e interés por parte del Gobierno de no querer resolver la problemática agraria, y lo cual también se refleja ahora en el cierre de las mencionadas instituciones.
La lucha de las organizaciones campesinas e indígenas
Ante este panorama, en un comunicado difundido el 28 de agosto, la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio (ENI Guatemala) demandó al Estado de Guatemala “el cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, los cuales no perderán vigencia hasta que se atiendan de raíz los problemas estructurales del país: la desigualdad política y económica, la falta de tierras para la población campesina, la violación a los derechos laborales, la marginación y racismo a la población indígena, entre muchos otros”.
Comunicado de prensa ENI Guatemala
Las organizaciones indican que “seguirán luchando y clamando por sus territorios” y esperan que el rumbo elegido por el Gobierno vaya cambiando. “Para frenar esto, es fundamental la articulación del movimiento social. Desde las diferentes organizaciones debemos seguir demandando un diálogo efectivo con el Gobierno que dé las soluciones que necesita el país”, indica Alejandro Aguirre, de CONGCOOP.
Recientemente, el 17 de septiembre, la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio participó en una reunión con el Vicepresidente de la República y diputada Morataya para coordinar una mesa con miras a impulsar un diálogo para promover acciones políticas para la defensa del territorio y manejo de la pandemia del COVID-19 en el territorio Ch’orti’ desde las concepciones de las comunidades indígenas.
“Es importante reconocer el rol de las organizaciones de continuar su lucha a pesar de la violencia y criminalización que sufren.No es posible eliminar las injusticias en el país si no se consideran a los pueblos”, afirma Zulema Burneo, Coordinadora Regional de la ILC ALC.
1 La conferencia de prensa se llevó a cabo el 28 de agosto.