Integrantes de iniciativas regionales que impulsa la ILC LAC participaron en el III Foro Mundial de Derechos Humanos, donde llevaron adelante dos espacios para compartir, por un lado, las experiencias de las Escuelas de Jóvenes, y por otro, la situación en distintos países de la región de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
El III Foro Mundial por los Derechos Humanos 2023 (FMDH) se llevó a cabo del 20 al 24 de marzo en Argentina, buscando profundizar el diálogo en torno a la promoción y protección de los DD.HH. y promover el intercambio de conocimientos y la cooperación horizontal. Con sede principal en un lugar emblemático para la historia reciente de ese país, como lo es el Museo Sitio de Memoria ESMA, este foro tuvo a los derechos a la tierra como un eje destacado.
En este marco, miembros del movimiento “Juventudes rurales somos tierra y territorio”, así como de la Plataforma Latinoamericana de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio frente al Extractivismo, fueron parte del encuentro, que conjugó numerosos paneles con talleres y actividades culturales y que convocó a más de 950 organizaciones de 98 países.
Jóvenes rurales y fortalecimiento de capacidades en pro de sus derechos a la tierra
Las y los jóvenes se propusieron compartir experiencias en torno a distintas experiencias educativas no formales lideradas por jóvenes para la defensa y promoción de Derechos Humanos. Este conversatorio fue coorganizado por jóvenes integrantes del movimiento “Juventudes rurales somos tierra y territorio” y contó con presentaciones de Perú, Brasil, Chile y Colombia.
Como parte del panel, Ivanoei Carrasco, comunicador e integrante de YPARD, presentó la experiencia de la primera edición regional de la Escuela Juventud, Tierra y Territorio de la ILC LAC. De esta iniciativa, Ivanoei rescata la posibilidad de poder articular y conectar con juventudes de diferentes países de América Latina, para encontrar puntos en común, pero también para descubrir diferentes abordajes en la defensa de la tierra y el territorio.
Por su parte, Nahir David, del Comité de Jóvenes de la CNT- ENI Argentina y parte del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano, compartió su experiencia en la adaptación local de dicha propuesta, que en Argentina se llamó “Escuela de Jóvenes por la Tierra”. Destacó que fue una instancia de muchos aprendizajes, donde pudieron compartir consejos y estrategias de cuidado como activistas y voluntarios de estos espacios.
“Como espacio educativo no formal, la Escuela de Juventudes Tierra y Territorio tuvo a favor la horizontalidad. Fue un espacio en el que cada joven se sintió protagonista y pudo expresar desde su perspectiva y realidad territorial” resaltó Marcelita Ponce de León, también integrante del movimiento de jóvenes, parte de YPARD y moderadora del conversatorio.
Gracias a esta escuela, las juventudes pudieron profundizar en la importancia de los derechos a la tierra, los cuales “se deberían tomar muy en cuenta para la elaboración de políticas públicas, para que de esa manera los jóvenes puedan tener un medio de vida asociado a su territorio, pudiendo permanecer donde nacieron y en donde desean seguir construyendo sus trayectos de vida”.
Defensores/as ambientales en LAC: creciente indefensión ante la represión y criminalización
También en el marco de este foro se realizó la presentación del informe de la Plataforma Latinoamericana de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio frente al Extractivismo, donde se abordó la situación de los y las defensoras ambientales en tres países que integran la iniciativa: Argentina, Perú y Colombia.
Como parte de su tarea, la plataforma viene recogiendo y sistematizando información sobre la situación de defensores/as en América Latina, la región que más sufre los problemas del impacto contra la tierra y los territorios generados por la implementación de proyectos extractivos, la expansión de los monocultivos, la instalación de proyectos hidroeléctricos y el acaparamiento de la tierra, entre otros.
“Lastimosamente la respuesta de los Estados y los sectores empresariales a las luchas y resistencias que se han ido generando contra estos proyectos han sido la represión, la criminalización y en los casos más graves, el asesinato” detalló Miluska Carhuavilca, facilitadora de dicha plataforma.
Reportes de Global Witness señalan que un 68% de los asesinatos de personas defensoras ocurridas en la última década a nivel mundial, han tenido lugar en América Latina. Pese a lo alarmante de esta cifra, y de acuerdo a los datos relevados por la plataforma, la indefensión de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente en Latinoamérica presenta signos de agravamiento.
“Los programas de protección estatales se convierten en escenarios con procedimientos burocráticos y con tendencias a brindar acciones de seguridad posterior y vigilancia antes que a la prevención de los ataques” explicó Miluska, puntualizando que esto ocurre especialmente en aquellos países donde los Estados priorizan el extractivismo, otorgando licencias a las empresas sin respetar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades que allí habitan.
En línea con esto, Nicolás Avellaneda, facilitador de la CNT-ENI Argentina, destacó la urgente necesidad de trabajar sobre mecanismos institucionalizados de protección y seguridad para las y los defensores ambientales y territoriales. Nicolás compartió los principales hallazgos sobre la situación de las y los defensores que presenta el informe LANDex, aplicado en ese país por la CNT durante 2022. Argentina apenas alcanza 40,21 puntos sobre 100 totales en el indicador sobre “protección de las personas defensoras de los derechos a la tierra”, situación que se explica por la carencia de un marco legal y políticas específicas de protección a los y las defensoras ambientales en el país.
Las políticas públicas de protección existen, pero no funcionan como deberían, es una realidad que comparten los países de nuestra región.
En el caso del Perú, desde 2021, existe el Mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras de derechos humanos, pero no cumple su objetivo. “Debe asignarse presupuesto a esta herramienta para que efectivamente pueda prevenir e intervenir en la protección de personas defensoras” explica Raquel Reynoso, integrante de Asociación SER. La disputa por la tierra y los recursos naturales en ese país continúa dejando víctimas de violencia. Entre 2020 y 2022, se registraron 19 personas defensoras asesinadas por civiles (triplicando las cifras del periodo anterior) y 11 ejecuciones extra judiciales detalló Raquel, destacando que, en su enorme mayoría, estos casos no logran tener condena.
En Colombia las personas defensoras se enfrentan a múltiples violencias cotidianas debido al extractivismo y al conflicto armado. Javier Lautaro Medina, integrante del CINEP / PPP y facilitador de la CNT Colombia repasó la situación de las y los defensores en el país y entre las demandas claves destacó la importancia de que se defienda y se legitime la movilización social.
“Legitimar la movilización social está completamente relacionado con la implementación de las políticas que ya existen. En todos nuestros países las personas que se oponen a estos modelos de desarrollo extractivo son completamente señaladas, tanto por autoridades como por otros actores” apunta Javier.
Comprender sus luchas, considera Javier, permitiría desarmar las estrategias que buscan enfrentar a las comunidades instalando discursos sobre los posibles beneficios que conllevan los proyectos extractivos -como los recursos económicos y las fuentes de empleo que se generan.
Las próximas ediciones del Foro Mundial de Derechos Humanos ya tienen sus sedes: 2024 en Colombia, 2025 en Brasil y 2026 en un país de África por definir.