La base de datos Land Matrix LAC[1] ha identificado más de 580 grandes transacciones de tierras[2] concluidas que ocupan una superficie mayor a 13 millones de hectáreas en al menos una docena de países de la región, relacionadas principalmente a la expansión de monocultivos, la agroindustria o actividades como la minería. Promovidas por inversores públicos y privados, estas transacciones provocan, en muchos casos, graves vulneraciones de derechos humanos, así como la degradación de los medios de vida de las comunidades que dependen de la tierra para su subsistencia y el desplazamiento forzoso de estas.
Además de aportar datos sobre las GTT, muchas veces realizadas de forma poco transparente, Land Matrix contribuye a visibilizar los impactos sobre los derechos territoriales de las comunidades rurales, las afectaciones a su calidad de vida y al medioambiente. Esta información puede ser útil para llevar a cabo procesos de incidencia política que permitan mitigar el fenómeno del acaparamiento de tierras y promover políticas para el acceso a la tierra de campesinos, pueblos indígenas y afro descendientes, en toda la región.
Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia son los países que presentan el mayor número de transacciones. Los principales inversores públicos y privados extranjeros son Estados Unidos, Holanda y China, que involucran el 50% de la superficie total de las transacciones. También es importante tener en cuenta a los inversores regionales y a los nacionales, que ocupan el 10% y el 40%, respectivamente.
Transacciones de tierra y conflictos en la provincia de Salta, Argentina
En esta zona, las GTT están vinculadas principalmente a la actividad ganadera y agrícola, y se relacionan a numerosos conflictos socio-ambientales. Entre 2000 y 2017, en la región del Chaco Salteño, al este de la provincia de Salta, Land Matrix registró 121 casos de GTT que ocupan una extensión equivalente a casi 11 veces la ciudad de São Paulo, con más de 50 GTT vinculadas a conflictos. Por otra parte, en el sector oriental de la provincia de Salta, se han registrado más de 130 GTT, de las cuales 80 se relacionan a conflictos socio-ambientales.
Estos conflictos son principalmente debido a las disputas por la tierra, desmontes o actividades ilícitas. La pérdida de tierras es una preocupación constante para las comunidades indígenas del área, ya que no cuentan con títulos de tierra comunitaria y viven con temor a ser desalojadas. Por ello, llevan adelante planes pacíficos de lucha, como mantener un control y estado de alerta sobre sus tierras y recursos naturales, o protestas orientadas a recuperar, impedir o detener la pérdida de sus tierras.
El problema de la palma aceitera en Colombia
En las últimas décadas, el esquema de las Alianzas Productivas de Palma de Aceite[3], impulsado por inversores privados con apoyo estatal en distintas zonas del país, ha fomentado la implementación de monocultivos de palma aceitera[4] a través de contratos de agricultura entre campesinos o pequeños y medianos productores (con títulos de propiedad) e inversores privados.
Más allá de ser un mecanismo de inclusión productiva para los primeros, este tipo de agricultura beneficia principalmente a los inversores, pues se enfoca en la extracción y/o uso de los recursos naturales, generando cambios en el uso del suelo, la tierra y los RR.NN , así como en las dinámicas productivas de los campesinos.
Costos socioambientales del extractivismo en Honduras
En Honduras, el acaparamiento de tierras tiene altos costos socio-ambientales que podrían aumentar si se implementan los planes para expandir los proyectos mineros, de energía eléctrica y/o de extracción de hidrocarburos que actualmente ponen en riesgo las áreas protegidas y los territorios indígenas, así como la vida de las personas que se oponen a estas inversiones por las consecuencias que padecen.
Actualmente, existen más de 50 concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes, y casi 40 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de tierras indígenas.
Desplazamiento de familias campesinas en Ecuador
En Ecuador, Land Matrix identificó casos de familias campesinas que fueron desplazadas de sus territorios por oponerse a vender sus tierras, como ocurrió con las comunidades de Buena Vista y Palma Real en la provincia de Esmeralda. La superficie de cultivos típicamente campesinos ha sido desplazada, mientras que la superficie de los cultivos destinados a la agroindustria se ha ampliado.
Transferencia de tierra a gran escala en Centroamérica
Se han registrado más de 40 casos de GTT en Centroamérica[5] -que representan casi 500 mil hectáreas de tierra- vinculados a la expansión de monocultivos. Como en otros casos, además de generar graves impactos ambientales, degradan la calidad de vida de comunidades indígenas, de afrodescendientes y mestizas que habitan en las zonas de influencia de las empresas.
El caso con mayor extensión corresponde al Proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua (300,000 ha), el cual causaría el desplazamiento de casi 120 mil personas de acuerdo a distintas organizaciones.
La influencia de la crisis política en la problemática de la tierra en Nicaragua
Antes de la crisis socio-política, el campo nicaragüense se caracterizaba por un proceso acelerado de concentración de la tierra impulsado por una legislación favorable y una importante labor de promoción oficial del agronegocio y la minería. Dicha concentración venia de la mano con el desarrollo de modelos productivos con consecuencias ambientales y sociales, muchas veces desastrosas.
Desde abril de 2018, la crisis socio-política ha influido en la cuestión de la tierra, teniendo impactos como la toma de fincas de grandes terratenientes opositores al gobierno, una creciente migración de población juvenil hacia Costa Rica o una disminución en la disponibilidad de crédito para comunidades rurales.
Los conflictos agrarios anteriores a la crisis se daban por la expansión de ganadería extensiva, la explotación maderera o la minería, entre otros. Sin embargo, este modelo parece difícil que disminuya, ya que, según la ENI Nicaragua (Estrategia para el Acceso Democrático a la Tierra), los marcos legales y políticas públicas actuales estimulan procesos de compra y concentración de tierras[6].
Así, la crisis no parece haber influido negativamente en las facilidades que ofrece Nicaragua para dichas inversiones como la disponibilidad de mano de obra de bajo costo, la baja densidad de población en zonas de la antigua frontera agrícola, la abundancia de tierra fértil y agua, o la cada vez más desarrollada red de caminos y electrificación
[1] La base de datos de Land Matrix no contiene un inventario de todas las grandes transacciones de tierras en la región.
[2] Land Matrix considera las GTT como aquellas transferencias de los derechos de uso, control y tenencia de la tierra a través de compras, arrendamientos y/o concesiones realizadas a partir del año 2000, que involucran una superficie de 200 hectáreas a más, y que impliquen cambios en la gobernanza de la tierra y el uso del suelo.
[3] Forma de organización de la producción basada en la agricultura por contrato en la que participan empresas extractoras y grupos de pequeños y medianos desde la década del noventa del siglo XX.
[4] Colombia se ha constituido como el quinto productor de Palma de Aceite a nivel Mundial y el primero en América latina, con un área sembrada de aproximadamente 500 mil hectáreas para el año 2017.
[5] 21 son casos de Nicaragua, 10 de Guatemala, 5 de Honduras, 2 de Belice, 2 de Costa Rica y 2 de Panamá
[6] En Nicaragua existen 28 GTT que ocupan más de 500 mil hectáreas.