Defensoras de la tierra y el medio ambiente de siete países de la región, integrantes de Coaliciones Nacionales por la Tierra y de la Plataforma de Defensores y Defensoras por la Tierra y el Territorio, conformarán una delegación para se parte del 2° Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.
Entre los días 25 y 28 de septiembre, 22 personas defensoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú, estarán visibilizando sus demandas y propuestas para fortalecer sus voces y promover un bloque común, regional, feminista y con base territorial, que potencie la participación y las propuestas de la sociedad civil en este espacio de incidencia vinculado al Acuerdo de Escazú.
Elza Santiago, integrante de la Articulação De Mulheres Brasileiras (AMB) que también viajará, destaca que “las mujeres siempre son las mayores víctimas de las acciones contra el ambiente, nada más justo que empoderar a estas mujeres y ponerlas en primera línea, porque nadie mejor que ellas para saber lo que pasa con sus tierras y territorios”.
Así serán parte de numerosas actividades de gran relevancia para la agenda de las y los defensores ambientales de la región.
Previo al Foro, el lunes 25, 10 compañeras de la delegación serán parte de un Taller estratégico dictado por ONU Mujeres. El martes 26, por la mañana, la delegación completa, se reunirá con representantes electos del público del Acuerdo de Escazú. Por la tarde, tendrán dos encuentros, primero con el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y luego, con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Ese mismo martes, a las 17:30 hora Panamá, se proyectará el documental "La ilusión de la abundancia", seguido de un conversatorio con Máxima Acuña y Carolina De Moura, protagonistas, y Érika González, una de sus directoras. Este evento se realizará en el marco de las actividades formales del Foro para visibilizar y poner en agenda las luchas de mujeres defensoras en América Latina y Caribe.
El miércoles 27, se dará inicio al Foro y participarán de la plenaria para profundizar en la temática, dar a conocer el estado de situación de las personas defensoras en la región e identificar nuevos desafíos y mecanismos nacionales y regionales de protección existentes. Finalmente, el jueves 28, serán parte de las mesas de trabajo para discutir los diferentes ejes del plan de acción.
Samanta Delgado, integrante de la Red Chacha Warmi, de Jujuy, Argentina, cuenta: “Mis expectativas son altas en relación con mi participación. Desde nuestra organización consideramos al Foro como una instancia de capacitación y fortalecimiento, en cuanto a que es imprescindible, de acuerdo al contexto político de Jujuy, aprender y profundizar sobre el Acuerdo de Escazú y todos los mecanismos existentes para garantizar su cumplimiento. Hoy es una urgencia. Además, generar redes con otras hermanas es fundamental para el sostén de la resistencia y la lucha por la defensa del territorio”.
El Acuerdo
El Acuerdo de Escazú reglamenta el acceso a la información por parte de las poblaciones, la información pública ambiental, la protección de defensores y defensoras ambientales, acceso efectivo a la justicia, y que la participación de la ciudadanía sea activa y respetada.
Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Hasta el momento, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
Según Global Witness, en 2022, el 88% de los asesinatos de personas defensoras del mundo, ocurrieron en América Latina. En este marco, este acuerdo es el primer instrumento normativo a nivel internacional que garantiza y establece un sistema de protección para los y las defensoras del ambiente. Plantea normativas en un aspecto más técnico y propone una serie de derechos en materia ambiental. Este pacto representa un hito para la responsabilidad de las empresas con el ambiente.
Implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú significa un gran paso hacia la consolidación de un nuevo modelo de democracia ambiental, fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ser parte del desarrollo sostenible, inclusivo y justo. “Es un avance positivo para los derechos ambientales y las personas que defendemos la autonomía de los territorios y la vida. Sostengo que hay que trabajar mucho para encontrar los medios necesarios para su efectiva implementación, pues el contenido del mismo pone en tensión prácticas bien instaladas por los poderes que defienden los intereses extractivistas y neocoloniales de las empresas supranacionales y los Estados”, aclara Samanta.
Foros de Defensoras y Defensores
Durante el 2022 se realizó el primer foro en Ecuador, el cual tuvo como objetivo, generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación y los desafíos que experimentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Reunió a diferentes Partes del Acuerdo de Escazú, como gobiernos, especialistas reconocidos en el tema, público en general, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el ambiente.
El evento fue organizado por CEPAL, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.
Esta segunda edición es organizada nuevamente por la CEPAL, en alianza con el PNUMA, la ACNUDH, el PNUD, el Gobierno de Panamá y el apoyo del Banco Mundial. Será presencial, con transmisión en vivo, y las mesas de trabajo, presenciales y virtuales, y funcionarán en forma paralela.
Según se informa en el sitio web de CEPAL, durante el foro se abordará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se compartirán experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente, y se continuarán las discusiones y consultas del Plan de Acción.
PROGRAMA COMPLETO
Desde Brasil, Elza cuenta que el Foro le permitirá “conocer personas que pelean las mismas luchas que yo, hacer intercambios, aprender y descubrir qué han hecho otras personas en América Latina en defensa del ambiente y de los defensores”.
El contexto social, político y económico de la región es alarmante y violento, no solo por los graves efectos de la crisis climática, sino por el avance permanente de las industrias extractivas, la implementación de políticas neoliberales y la presión de grupos conservadores y anti-derechos, como parte del modelo de desarrollo. En este marco, el Acuerdo de Escazú genera herramientas y mecanismos de protección, seguridad y garantías de derechos importantes y alineadas a la defensa del ambiente.
La participación de esta delegación es fundamental: el Acuerdo de Escazú por sí solo no basta y este Foro es un espacio directo de incidencia.
Es necesario visibilizar las voces de la sociedad civil, y particularmente de defensoras ambientales. “Estos espacios institucionales, en el ámbito internacional, deben contar con la participación de defensoras ambientales, pues el Acuerdo se basa en la participación, por lo que el Foro es una instancia que debe ser tomada como prioritaria para que conozcan la situación local y regional de nuestros Pueblos y sobre todo para saber, cuáles son los obstáculos existentes para la implementación de un instrumento internacional en cada lugar”, concluye Samanta.
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