Los derechos sobre la tierra como respuesta a desafíos globales

A lo largo de sus ocho sesiones, los participantes del Foro de la Tierra LAC 2021 han reivindicado los derechos sobre la tierra y los territorios como un elemento fundamental en la lucha contra la desigualdad, las inequidades de género, el cambio climático, así como para hacer frente a la degradación de los ecosistemas. En este sentido, la tenencia segura de la tierra por parte de quienes viven en y de esta –pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunidades locales– debe ocupar un lugar central en los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en las políticas públicas que se vienen implementando en el marco de la Agenda 2030 y la Década de la Acción.

Colocar los derechos sobre la tierra en el centro de estos esfuerzos apunta, por un lado, a una transformación de los modelos extractivistas y de los sistemas agroalimentarios no sustentables que imperan hoy en la región. Ello, a partir del impulso y desarrollo de la agricultura familiar y la agroecología, así como del reconocimiento y valorización de las prácticas y saberes con los que las comunidades indígenas y campesinas han construido una relación sostenible con sus territorios. Por otro lado, apunta a atacar desigualdades persistentes entre las mujeres y los jóvenes rurales, quienes sufren especialmente los impactos de la crisis climática, del deterioro de los ecosistemas y de las políticas extractivistas que favorecen la desposesión territorial de las comunidades rurales.

En este marco, las intervenciones y los intercambios producidos durante la presente edición del Foro de la Tierra han mostrado que el tema de la tierra es un camino de lucha política, de disputa del poder y de incidencia, por un mundo más justo, equitativo y sostenible.

Es clave recabar datos y generar información para poder realizar diagnósticos sobre el acceso a la tierra y el cumplimento de las metas de tierra relacionadas a los ODS en la región. Teniendo en cuenta que los Gobiernos no incluyen el tema de la tierra de manera textual en sus Planes Nacionales de Desarrollo, y que tampoco informan sobre el cumplimiento de las metas de tierra, contar con información facilitará también los procesos de incidencia impulsados por la la sociedad civil con documentos y propuestas concretas.

En tanto que más del 80% de las áreas con mayor biodiversidad del planeta están ocupadas por comunidades rurales e indígenas, la permanencia de estas poblaciones en sus territorios es clave para los esfuerzos de conservación. En este sentido, las políticas de conservación son una herramienta para fortalecer el derecho de las comunidades locales al territorio y la tenencia segura de la tierra, repercutiendo positivamente en la conservación del medio ambiente.

Los esfuerzos por cumplir los ODS deben incorporar la perspectiva que los pueblos indígenas tienen sobre dichos objetivos, en la cual prevalece una mirada integral sobre temas como la pobreza (ODS 1), la salud (ODS 5) o la vida de los ecosistemas terrestres (ODS 15), que parte de una relación con los territorios de carácter espiritual y colectivo.

América Latina es la región más desigual del mundo en lo que respecta a la tenencia de la tierra: el 10% de los mayores propietarios de tierras controlan el 75% de la superficie agrícola. Ante esta situación, es necesario reflexionar sobre el estado de la tenencia de la tierra en los países latinoamericanos, analizando la implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades, así como al acceso y la propiedad de la misma por parte de las poblaciones rurales.

Repasando las políticas de tierras en la región, en algunos casos se observan avances. En Bolivia por ejemplo se ha avanzado con la distribución de tierras de propiedad colectiva de comunidades campesinas e interculturales, mientras que en Perú se ha dado una normativa constitucional que establece apoyo especial a la actividad agrícola (1993), pero no se han realizado reformas profundas para resolver la desigualdad en la estructura agraria. En las políticas económicas de estos países persisten enfoques individualistas y productivistas que ponen foco en la incorporación de los agricultores al mercado y el aumento de la productividad agrícola destinada a la comercialización.

En este contexto, la desigualdad afecta particularmente a las mujeres, que tienen un menor acceso a la tierra que los hombres , un reducido acceso al crédito público para la compra de tierras y, por lo general, poseen tierras de menor extensión.

Resulta necesario aplicar políticas con criterio de pluralismo económico, de redistribución de tierras que funcionen de manera integral, que permitan combatir la concentración de tierras, reivindiquen su función social y ambiental, contemplando también la propiedad colectiva. Además, estas políticas deberían estar focalizadas en el acceso a tierras por parte de los jóvenes y las mujeres rurales. Para el cumplimiento de los ODS, es necesario pensar más allá de los gobiernos de turno, y centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades entre los actores de la sociedad civil para incidir en las políticas públicas.

La importancia que viene cobrando cada vez más la agricultura familiar se manifiesta en la Declaratoria del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar en 2018. Pese a ello, en general, el avance en el cumplimiento de los siete pilares del Decenio es aún limitado en países como Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Guatemala.

Hay dificultades en la dotación de recursos económicos por parte de los Estados a las políticas de desarrollo de la agricultura familiar, debido a las trabas burocráticas y la corrupción. Además, el uso y la extensión de la tierra dependen del mercado y la voluntad de los privados, lo que resulta en la desprotección de los territorios de comunidades campesinas e indígenas, que no tienen una plena seguridad jurídica sobre los mismos.

Las organizaciones sociales han logrado que las mujeres sean consideradas en las políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar, pero persisten varias dificultades para estas que se manifiestan en la falta de créditos focalizados, la baja tasa de titulación de tierras y el débil grado de articulación al mercado en este segmento de la población. Por otro lado, crece la falta de la falta de arraigo de la juventud en el campo por la falta de oportunidades reales de desarrollo, un problema que requiere de presupuesto, políticas públicas adecuadas y generación de oportunidades.

En los Estados prima una lógica empresarial, que favorece a las multinacionales, provocando la exclusión de la agricultura familiar en las decisiones importantes que conciernen al sector agrícola. Pese a esto, se ven avances en términos de organización y fortalecimiento de las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar.

Con poco apoyo estatal, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades vienen brindando propuestas en favor de la agricultura familiar, a través del trabajo en concertación, que crea un sentido identitario y fortalece las demandas colectivas. Desde los territorios se avanza en propuestas de ordenanzas para fortalecer la Agricultura Familiar, de implementación de sistemas de producción sostenible, de circuitos de comercialización cortos para fortalecer la compra de alimentos locales y la diversificación productiva. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer por parte de los gobiernos en materia de políticas públicas, dotación de presupuestos dedicados y que las políticas vigentes efectivamente lleguen a los territorios.

Contrariamente a la narrativa promovida por los propios Estados que priorizan el modelo importador, la pandemia de la Covid-19 ha demostrado que la agricultura familiar campesina, étnica y comunitaria es la principal abastecedora de alimentos para los territorios. Así, la soberanía alimentaria surge como un elemento central en el enfoque de transformación de los sistemas alimentarios.

Algunas de las propuestas que surgieron de los diálogos independientes y otros espacios impulsados por la sociedad civil en el marco de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios son fortalecer circuitos económicos que privilegien las soberanías alimentarias locales y regionales; fomentar economías de mercado con enfoque de género e interculturalidad; regular los precios de los productos agrícolas, mejorar los medios de subsistencia para re-equilibrar la relación de poder en la cadena de producción, promover una producción agrícola que proteja los ecosistemas naturales; y garantizar el acceso seguro a la tierra para quienes producen alimentos.

A partir de lo sucedido en la Cumbre y de experiencias de trabajo previo, queda en claro que los Gobiernos no consideran – de manera intencional – debatir el acceso a la tierra y, menos aún, regular el acaparamiento de tierras u otorgar seguridad jurídica a los pueblos campesinos e indígenas. Un proceso fundamental para avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles es entonces afianzar procesos interdependientes: el acceso a la tierra, la reforma agraria integral y la agroecología.

Para el movimiento agroecológico, el acceso a la tierra ha sido una lucha de toda una vida: la tierra es también un espacio de reproducción, de vida y de biocultura. Una reforma agraria debe incluir y priorizar derechos colectivos antes que individuales, otorgar derechos a la mujer y a las juventudes, y asegurar la soberanía en materia de salud, energía y vivienda.

Se debe fortalecer la agroecología como un paradigma incluyente, como práctica, movimiento social y como un cuerpo de conocimientos que se contrapone a la lógica corporativista. La agroecología es una apuesta política transformadora y una lucha histórica de los pueblos campesinos y movimientos indígenas.

Los desafíos son de índole político más que técnico. El reto de los movimientos y organizaciones campesinas e indígenas está en identificar cuáles han sido los puntos que sus Gobiernos se han comprometido a implementar para exigir su cumplimiento. Es momento de comenzar a ver encuentros como la Cumbre no sólo como instancias de concertación entre aquellos que ostentan el poder, sino también como espacios de disputa en donde los movimientos y organizaciones campesinas e indígenas puedan generar compromisos por parte de los Estados.

Las regiones semiáridas de América Latina están siendo severamente afectadas por el incremento de eventos climáticos extremos, que han traído como consecuencia procesos de migración de la población rural y el aumento de la desigualdad. Para responder a la crisis climática hay que reivindicar e impulsar las prácticas agroecológicas de los campesinos y agricultores locales, y visibilizar la relación entre estas formas de producción y la recuperación de los climas y la biodiversidad.

Las experiencias que se llevan a cabo tanto en el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de la República Dominicana, como en el semiárido Brasilero y el Chaco Trinacional son ejemplos de cuán imprescindible es la generación de políticas públicas que partan desde acciones territoriales que construyan alianzas desde lo local, lo nacional y lo regional, en un proceso de retroalimentación constante.

La difusión de tecnologías sociales, adaptadas a la agricultura familiar, por ejemplo, a partir diferentes prácticas de filtración del agua de consumo y captación de agua de lluvia, junto con programas de educación y capacitación, y la creación de redes de intercambio de conocimientos, son experiencias valiosas que permiten a las comunidades locales adaptarse a los cambios producidos por la crisis climática.

Se destaca la iniciativa de la Mesa de Agua, una forma de trabajo clave para el desarrollo regional y la integración del Chaco – en Argentina, Bolivia y Paraguay – en torno a estrategias comunes de acceso al agua. En ese sentido, las acciones del acceso al agua, a partir de una gobernanza estratégica, permite orientar soluciones a otros sectores y problemáticas que implique el bienestar de las familias. Entre ellos, la seguridad alimentaria para los sectores más vulnerables y el acceso a la salud a través del acceso al agua.

La inversión en la agricultura familiar campesina y la adaptación basada en ecosistemas soluciona cuestiones alimentarias y de renta para las comunidades, con impactos positivos en la autonomía económica de las mujeres rurales e indígenas de las regiones semiáridas.

Más allá de los logros alcanzados, el acceso a crédito por parte de las poblaciones locales para mejorar sus técnicas de cuidado del suelo, una efectiva coordinación entre los integrantes de redes y organizaciones, y la incidencia sobre el diálogo respecto a las políticas públicas (que debe incluir a las comunidades locales para la construcción conjunta de soluciones) son algunos de los retos que aún se deben superar.

En toda la región, los territorios indígenas se encuentran amenazados por la priorización de políticas extractivistas, por la promoción de la agroindustria y la expansión de la frontera agrícola.

El derecho al territorio de los pueblos indígenas se encuentra íntimamente vinculado con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS.

En la medida que se asegure este derecho, los pueblos indígenas podrán hacer valer sus derechos a la salud, a la educación y al agua, entre otros, puesto que el territorio no solo es el espacio que se posee y del que se hace uso, sino que los derechos sobre los territorios tienen como eje central el derecho a la libre determinación y el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.

Mientras que en Ecuador y Bolivia, gracias al trabajo de incidencia política de las organizaciones y pueblos indígenas, se han recogido en las nuevas constituciones algunas de sus propuestas y demandas, no se han definido con claridad los mecanismos de consulta previa y de participación en iniciativas legislativas o políticas públicas que afectan la vida de los pueblos indígenas (Ecuador); ni se ha cumplido con implementar una democracia intercultural y comunitaria efectiva (Bolivia).

En el caso de Chile, la Convención Constituyente que se está llevando a cabo, si bien cuenta con una comisión y reglamento de participación indígena, enfrenta la resistencia de los grandes intereses económicos y empresariales y contrasta con las prácticas represivas del Estado chileno y la militarización actual de los territorios indígenas del Sur.

Los nuevos marcos legales, jurisprudencias, el avance en el reconocimiento de los derechos colectivos y formas de representación de los pueblos indígenas son logros concretos. Sin embargo, tanto en los países que recientemente modificaron sus constituciones, como en aquellos en los que hoy se convoca a iniciar nuevos procesos constituyentes, los pueblos indígenas deben continuar exigiendo que se reconozcan y garanticen todos sus derechos.

La participación de las juventudes en la Agenda 2030 ha cambiado en los últimos años. De ser actores pasivos en el proceso, han pasado a contar con mecanismos formales de participación y a posicionarse como actores importantes en las agendas a nivel global, por lo cual cualquier avance en el cumplimiento de los ODS tiene que partir de las juventudes. Para ello, es necesario entender los múltiples desafíos que enfrentan, reconocer sus interseccionalidades, y mirar los desafíos desde un nuevo paradigma en el que los jóvenes se consideren interrelacionados e interconectados.

Brindar capacitaciones a las y los jóvenes en temas importantes como política, acción gremial, así como en aspectos técnicos de producción, que permitan garantizar su inserción en el sector agrícola e innovar en agroecología puede ser uno de los caminos para poner fin al hambre (ODS 2).

En el caso del ODS 5, que se propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas, las jóvenes proponen permanecer en el territorio que habitan y construir redes rurales y urbanas en donde los flujos migratorios son elevados. En paralelo, remarcan la necesidad de atender a los derechos de salud sexual y reproductiva, porque la defensa del territorio parte de la defensa de sus propios cuerpos. También en trabajar en términos de identidad como mujeres, conocer las formas históricas de discriminación y racismo que han sufrido.

Hoy en día, las juventudes tienen una mirada más crítica sobre el acceso a energías asequibles, seguras, sostenibles y modernas (ODS 7). Eso no solo significa saber cómo es que se consume la energía, sino dónde y cómo se produce. En esa búsqueda se identifican dos espacios de acción: el activismo para lograr cambios en matrices energéticas, y la discusión acerca de una transición energética popular que se viene dando entre las comunidades indígenas y campesinas, no como consumidoras sino como productoras de energías limpias.

El principal desafío es que las juventudes, y en especial las mujeres, ocupen espacios de toma de decisión en distintos niveles y fortalezcan sus capacidades.

Es necesario contar con financiamiento que apoye la participación en espacios de acción, y poner en la agenda de los gobiernos los derechos a la tierra. Esto implica también un desafío logístico, de generación de conectividad y transmisión de información para que las juventudes puedan articular y trabajar unidas. En ese sentido, la falta de acceso a la energía limita las posibilidades de desarrollo. Frente a esta situación hace falta un diseño participativo, popular e intercultural de políticas energéticas que definan las necesidades básicas de la población en el acceso a energía.

Actualmente, se vive la profundización de la lógica extractivista que ha marcado el devenir de la economía regional. Este proceso ha sido impulsado por los Estados y se presenta como la salida lógica en el contexto de post pandemia y recuperación. Sin embargo, esa lógica ha sido rebatida, resistida y luchada por las mujeres que buscan la sostenibilidad de la vida, la defensa de los territorios, la transmisión de conocimiento y el cambio de los paradigmas.

Las Redes de Cuidado que promueven juntansa entre mujeres como alternativa al extractivismo (Ecuador), o el modelo de defensa de los derechos de las mujeres en el acceso a la tierra y sus territorios trabajado en los pueblos de Goiana (Brasil) son dos ejemplos de estrategias impulsadas por organizaciones de mujeres desde los territorios para enfrentar no sólo al extractivismo, sino también para construir estrategias de incidencia, sanar juntas ante las violencias vividas, promover la solidaridad entre mujeres y desarrollar la autogestión y la autonomía colectiva. Procesos de trabajo articulado que revelan, pese a las dificultades, la capacidad de organización económica, política y afectiva.

Es clave promover y discutir los ODS, el Decenio, el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú para que sean herramientas que permita a las mujeres incidir ante los Estados. De otro lado, es importante que la FAO asuma un rol central, permitiendo que los recursos económicos lleguen a las organizaciones locales y no solo se destinen a los Gobiernos y las ONG.

En América Latina y el Caribe aproximadamente 58 millones de mujeres viven en el campo, y de ellas solo el 30% es dueña o posee tierras, aunque las tierras a las que suelen acceder son de menor calidad que la de sus pares hombres.

Frente a este escenario, la FAO elaboró una metodología que buscaba evaluar los avances de los Estados en materia de acceso a la tierra para mujeres. En base a los hallazgos en 9 países analizados en la región, se recomienda establecer mecanismos de recolección y de información con criterios diferenciados que permitan visualizar la situación de los derechos de tenencia de la tierra por género. También, que se adopten medidas de empoderamiento económico, inclusión financiera y productiva en favor de las mujeres. Por último, los Estados deben promover la transversalización del enfoque de género en las políticas agrarias y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

En esa línea, se destaca la elaboración, por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, de la política de Igualdad de Género, la cual reconoce que las mujeres, y específicamente las mujeres rurales, son diversas y viven distintos niveles de desigualdad. Se suma a esto la confección de una guía de actualización de estatutos de comunidades campesinas e indígenas con enfoque de género, y la realización de mesas de trabajo para promover la participación de las mujeres en sus comunidades.

En tanto que defender la tierra y acompañar a las mujeres en esas luchas ha puesto en riesgo no sólo a las propias mujeres, sino también a las organizaciones, se debe fortalecer el trabajo en redes para brindar soporte y apoyo. Al mismo tiempo, las mujeres y organizaciones deben fortalecer sus propias narrativas, para enfrentar la coyuntura social, política y económica.

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La International Land Coalition América Latina y el Caribe organizó el XII Foro de la Tierra bajo el tema “Tierra y ODS: Derechos sobre la Tierra para un mundo inclusivo y sostenible”. El mismo se realizó de manera virtual, entre el 12 y el 15 de octubre de 2021.

Este foro es un evento único que organiza cada año la ILC LAC para promover la discusión de ideas, el intercambio de experiencias y producir articulaciones para hacer frente a las desigualdades crecientes en la región en torno al acceso a la tierra.