Este especial forma parte de la serie “Cosechando logros” que recoge las historias de éxito vinculadas al trabajo que impulsa la ILC en América Latina y el Caribe: los cambios que se están generando con respecto a políticas y prácticas, así como los logros relacionados con los procesos que la red impulsa en pro de una gobernanza de la tierra centrada en las personas.
El trabajo impulsado por la plataforma regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra, a través de la organización Espaço Feminista, para el fortalecimiento de los derechos a la tierra de las mujeres articulado a la Agenda 2030, contribuyó al reconocimiento de los derechos sobre la tierra de 1400 familias desde septiembre de 2020, donde el 85% de los títulos están ahora a nombre de mujeres, como propietarias únicas o principales (en casos de titulación conjunta) de la tierra.
Bonito y Caruaru son dos municipios del estado brasileño de Pernambuco, en la región nordeste del país. Mientras Caruaru es la segunda ciudad más poblada del interior Pernanbucano (con más de 365.000 habitantes), Bonito, con una población de solo 38.117 habitantes, es especialmente conocido por sus cascadas y bellos paisajes naturales.
Allí se acercó Espacio Feminista (EF) en 2017, con el fin de articular un proceso de empoderamiento de mujeres urbanas y rurales en Pernambuco en torno a la Agenda 2030, eligiendo poner el foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, 5 y 11.
Inicialmente, el objetivo era ampliar el número de mujeres que puedan monitorear los avances respecto a los ODS como una estrategia para mejorar la implementación de políticas a nivel local y nacional; y mejorar así sus condiciones de vida. Hicieron eso y más.
Tras las primeras encuestas (que consultaron sobre propiedad, uso y seguridad de la posesión de la tierra), se puso de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres en lo que respecta a la garantía del derecho a la propiedad de la tierra. Frente a esa situación, EF generó una asociación con los gobiernos locales para lograr la titulación.
A la fecha, se ha logrado que 1.400 familias cuenten con la titularidad de las tierras donde viven, reconociendo la propiedad de la tierra a las mujeres, independientemente del estado civil o la situación conyugal. De las escrituras logradas, 700 están a nombre de mujeres, y 490 son titulaciones conjuntas.
Desde los ODS hacia la titulación
En 2018, EF inició su investigación en los municipios de Bonito y Caruaru para conocer la realidad local, identificando la situación de las mujeres urbanas y rurales respecto a la tierra y la vivienda, y al ejercicio de sus derechos. Si bien en Brasil se observan algunos avances que posibilitan que las mujeres tengan cada vez más derechos[1], los procesos de conquista de autonomía y empoderamiento, en la práctica, son muy lentos, y aún más en áreas rurales.
La investigación abarcó una pesquisa cuantitativa (datos oficiales y encuestas aplicadas por mujeres capacitadas como Agentes de Movilización Comunitaria y Control Social), y una indagación cualitativa posterior, mediante grupos de discusión con mujeres. La instancia de trabajo en grupos permitió ahondar en la información surgida en los datos del censo 2017 y de las encuestas, promoviendo la reflexión entre las mujeres, y contribuyendo en la construcción de planes de monitoreo de políticas locales.
"Descubrimos que la gran mayoría de las propiedades en Bonito habían sido construidas en áreas que habían sido expropiadas por el propio municipio años atrás, pero sin que esta condición haya sido regularizada, lo que representaba un riesgo mucho mayor para las mujeres, ya que, en Bonito, por ejemplo, el 48% de las mujeres entrevistadas vivían con sus parejas sin tener una unión estable registrada. Así, se superpusieron las condiciones de informalidad, colocando a las mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad", explica Patricia Chaves, directora de EF.
Trabajo articulado para concretar la titulación a favor de las mujeres
EF decidió dar un paso clave: presentó una solicitud a los gobiernos locales (de Bonito y Caruaru) para viabilizar los procesos de titulación y que se garantice el derecho a la propiedad de la tierra a las mujeres y familias. Para hacerlo, apelaron a las disposiciones legales contenidas en la Ley Federal 13.465/17, que establece los procedimientos para la Regularización del Suelo Urbano (REURB), que busca incorporar los llamados “núcleos urbanos informales” a la planificación territorial y a la titulación de quienes allí viven.
Se estableció entonces una asociación entre EF y los municipios para poner en marcha el REURB.
Gracias al trabajo con las mujeres en territorio, se pudo proporcionar información esencial para que la titularidad pudiera registrarse en la oficina de registro de la propiedad.
Como los funcionarios no tenían pleno dominio sobre la ley y cómo implementarla, EF brindó también la asesoría técnica especializada, fundamental para poder avanzar.
Luego de una primera etapa de titularización (en la cual 479 familias de Bonito recibieron sus títulos en 2020), la Fundación Cadasta decidió sumarse al proyecto. Cadasta, con vasta experiencia en la promoción de los derechos sobre la tierra y los recursos a través de soluciones innovadoras, aportó recursos técnicos y herramientas digitales para optimizar la recolección de datos que llevaban adelante las agentes.
Reunión de trabajo entre el municipio y mujeres de Bonito
Sobreponerse a la desconfianza
"Teníamos experiencia, referentes, teníamos identificado claramente cuáles eran nuestros aportes en materia de género y desigualdad y cómo trabajar estos temas" detalla Patricia al repasar los factores de éxito que permitieron concretar las titulaciones.
EF contaba ya con la experiencia del proceso de regularización de tierras que impulsaron en ‘Ponte do Maduro’, una comunidad ubicada en Recife, la capital de Pernambuco, que garantizó una gobernanza de tierra sensible a género [2]. Gracias a esta experiencia, EF sabía que es fundamental fortalecer y apoyar las estructuras y liderazgos comunitarios para que, articulados y apoyados en el conocimiento del derecho a la tierra y a la vivienda, puedan exigir por sus derechos en su territorio y municipio.
El principal desafío a superar fue la desconfianza de las comunidades en los gobiernos y sus funcionarios.
Apenas el 50% de las familias que vivían en el primer lote de tierras a regularizar entregaron sus documentos para iniciar el proceso. También fue necesario no únicamente lograr que el gobierno acepte aplicar el programa de la REURB, sino que lo hiciera con perspectiva de género. Contar con la capacidad técnica y el trabajo con lideresas locales (comprometidas con el trabajo en favor de la titulación, y con presencia constante en el territorio), permitió garantizar a las familias, y especialmente a las mujeres, que se iba a asegurar el proceso y las condiciones.
Ahora, EF piensa en el futuro. “No es solo importante llevar adelante el proceso, sino también comprender los cambios de poder en los próximos años” señala Patricia. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuáles son las transformaciones que vamos a ver en torno a la participación y la toma de decisiones de las mujeres en sus comunidades?
“Abordar el derecho a la tierra desde una perspectiva de género refuerza la comprensión de este derecho fundamental por parte de las mujeres y la importancia de ejercer este derecho, lo que significa no solo tener la tierra a su nombre, sino también tomar el control sobre las decisiones relativas al uso y control de estas” analiza, y agrega “Tenemos los datos para hacer una evaluación que nos permita saber cómo se va dando ese proceso de cambio que se inicia cuando se garantiza la tenencia segura de la tierra para las mujeres”.
Se realizaron encuentros para promover la reflexión y el diálogo entre las mujeres de ambos municipio (foto de Polly Cavalcanti para Espaço Feminista)
Lecciones aprendidas
- La importancia de construir una relación con los poderes locales, a nivel de municipios, porque los funcionarios son más accesibles y es más sencillo dialogar.
- Contar con un equipo técnico muy capacitado, con excelente conocimiento de las políticas públicas, que permita brindar asesoría técnica especializada durante todo el proceso de trabajo.
- La producción de conocimientos con y para las mujeres es clave. La recolección de datos y la investigación cualitativa permiten poder identificar con claridad el problema.
- Comprender que no se trabaja con un “público” beneficiario homogéneo: parece obvio, pero no todas las mujeres son iguales. Por ejemplo, se debió buscar en la legislación mecanismos específicos para garantizar el derecho de las segundas esposas y las esposas informales.
[1] Como la ley 11.340 “María da Penha” que definió legalmente y propició una lucha más eficaz contra la violencia conyugal y familiar contra la mujer; y la ley 9.504/1197, que obliga a los partidos políticos a presentar un porcentaje mínimo de candidatas en las elecciones.
[2] Según el criterio establecido por la Global Land Tool Network Gender (facilitada por ONU Hábitat), que a través de una serie de 22 preguntas, permite evaluar si un instrumento brinda la respuesta adecuada tanto a mujeres como a hombre.