El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional para la protección del medio ambiente y los defensores y defensoras de derechos ambientales. Fue promovido y firmado por el Estado peruano en 2018, pero no llegó a ser ratificado por el poder legislativo, debido a una campaña infame de falsedades liderada por la bancada de Fuerza Popular que logró su archivamiento en dos oportunidades, como parte de su disputa por el poder político con el ejecutivo, a costa del debilitando de la institucionalidad ambiental [1]. Este es un eslabón más de la cadena de hechos que nos tienen arrinconados debido a un ejercicio irracional del poder y que ésta destruyendo la institucionalidad democrática.
Hoy, el Ejecutivo tiene serias denuncias de violación de derechos humanos tras un desproporcional uso de la fuerza que costó la vida a 50 personas en protestas, mientras que el Congreso viene promoviendo proyectos de ley que vulneran groseramente los derechos ambientales y de pueblos indígenas. Mientras eso sucede en la esfera política, en los territorios se ha incrementado la vulnerabilidad debido al incremento de amenazas y asesinatos a defensores/as de derechos ambientales. Solo desde inicio de la pandemia se han asesinado a 22 líderes y lideresas ambientales, principalmente indígenas, y el reciente informe de Global Witness ha situado al Perú entre uno de los cuatro países con mayor violencia a defensores/as en todo el mundo, siendo la Amazonía peruana uno de los lugares más peligrosos para defender derechos [2].
Mientras el debilitamiento institucional ambiental se agrava, el autoritarismo del Congreso se ha fortalecido y los consensos mínimos de respeto y protección de derechos ambientales que existían se van quebrando cada vez que asoman inversiones extractivistas. Este escenario dificulta la posibilidad de lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país.
Por el contrario, el Acuerdo de Escazú sigue sumando firmas y ratificaciones en diversos países de la región. Son 15 países de América Latina y el Caribe los que lo han ratificado, y a la fecha se han realizado dos Conferencias de las Partes sobre el trabado, avanzando así en la construcción de una arquitectura normativa e institucional que permita dar respuesta a las emergencias ambientales que se viven en los territorios. Es en ese marco que se realizó el Segundo Foro Anual sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL.
Escazú es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Así lo estipula el artículo 9 del Acuerdo y fue con el objetivo de avanzar en su implementación que se dieron cita más de trescientas personas, gran parte de ellas defensoras y defensores de derechos, en la ciudad de Panamá del 26 al 28 de septiembre de este año. Este Segundo Foro se organizó para atender el mandato acordado en la COP 1 sobre la necesidad celebrar un Foro Anual sobre defensores/as y un Plan de Acción Regional que será aprobado por los Estados parte en abril del 2024.
El Segundo Foro Anual reunió a una diversidad de defensores y sobre todo defensoras de derechos de América Latina y el Caribe, la región más violenta del mundo.
Ello permitió mostrar la situación alarmante que viven cada una de ellas: amenazas, hostigamiento, criminalización, persecuciones, invasiones y contaminación de territorios, encarcelamiento, torturas, asesinatos.
Nada más empezar el Foro la cantidad de denuncias rebasó el escenario y hubo un consenso frente a la dramática situación que viven las y los defensores.
Toda esa experiencia compleja se canalizó en aportes al borrador del Plan de Acción Regional [3], donde a partir de cuatro ejes prioritarios y acciones estratégicas se planteó esta problemática. En el eje sobre la generación de conocimiento, se señaló que se deberían tomar en cuenta mejorar los diagnósticos sobre la situación de defensores, y sobre todo mejorar los instrumentos y mecanismos de prevención, protección y respuesta rápida a partir de las experiencias nacionales.
En el eje reconocimiento, se señaló la importancia de no solo reconocer la labor personal del o la defensora, sino que además se reconozca la dimensión colectiva, pero sobre todo los Estados reconozcan las instituciones locales y mecanismos propios que actualmente tiene las organizaciones y pueblos indígenas para defender su territorio.
En el tercer eje sobre el fortalecimiento de capacidades y apoyo a la implementación nacional, se recomendó que urge de voluntad política de los Estados para enfrentar la problemática con acciones estratégicas, a través de planes nacionales y con presupuesto asignado, no solo de los Estados sino de un fondo económico para el Acuerdo; finalmente, en el cuarto eje de seguimiento y revisión se abordó la importancia de tener indicadores de cumplimiento para que se revise el Acuerdo en base a las experiencias nacionales, lo que está funcionando y lo que no, para que les sea útil a los defensores y defensoras.
El camino de implementación de Escazú beneficiará a los que están dentro y fuera del Acuerdo. Para el caso de Perú, por ejemplo, contamos con un Mecanismo Intersectorial de Protección de Defensores de Derechos Humanos que no está funcionando de forma adecuada. Este caso debe ser discutido en el marco del Acuerdo, así como las políticas públicas de defensores/as de México o Colombia que, si bien tiene avances, también tienen notorias deficiencias. Un análisis de estas experiencias debería contribuir también al Plan de Acción.
La Secretaría del Acuerdo tiene la enorme tarea de incorporar estos aportes y experiencias y para ello es necesario mejorar la planificación metodológica. En estos foros son los participantes, con su conocimiento y experiencia quienes deben constituirse como el centro de las propuestas, ellos tienen la casuística y para eso hay que involucrarlos desde el inicio hasta el final del Foro. Sólo así se puede asegurar que los instrumentos estén enriquecidos y la Secretaría del Acuerdo habrá cumplido el difícil trabajo de contar con una herramienta ambiciosa, porque la urgencia es dramática. En abril del 2024 sabremos de la voluntad política de los Estados para enfrentar este nuevo flagelo que está destruyendo el tejido social de los países de la región.
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[1] Ver en Ojarasca de La Jornada: https://microadmin.jornada.com.mx/ojarasca/2020/08/07/escazu-cronica-de-una-infamia-al-medio-ambiente-en-peru-7471.html
[3] Borrador de la propuesta del Plan de Acción
Esta nota es una versión editada de la nota publicada originalmente por la CNT de Perú que se encuentra disponible aquí
