En Colombia, una nueva justicia está echando raíces en el campo.La Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) nace como respuesta a una deuda histórica del Estado con las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que por décadas han carecido de un sistema judicial capaz de atender sus conflictos con pertinencia territorial, cultural y social.
Aprobada recientemente por el Congreso de la República, la JAR crea tribunales y juzgados especializados para resolver disputas sobre la tenencia y uso de la tierra, el acceso a los recursos naturales, la producción agraria y otros asuntos rurales. Su implementación progresiva representa un paso decisivo para garantizar un acceso real y efectivo a la justicia en el campo, y con ello, avanzar en la consolidación de la paz.
Una colaboración para fortalecer la justicia rural
El fortalecimiento de la JAR cuenta con el impulso conjunto de la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y Cinep/PPP, con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz.
Esta alianza ha centrado sus esfuerzos en la región de los Montes de María, territorio profundamente afectado por el conflicto armado y por desigualdades históricas en el acceso a la tierra. Allí se han instalado Mesas de Diálogo Multiactor, que reúnen a jueces, autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas, y liderazgos de mujeres rurales.
El objetivo: reflexionar desde los saberes y experiencias de los territorios sobre cómo debería funcionar una justicia agraria cercana, inclusiva y transformadora.
Diálogo, aprendizaje y compromiso territorial
Los encuentros en Montes de María han permitido identificar avances, desafíos y oportunidades para la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural. A través del diálogo, las comunidades han compartido propuestas sobre cómo hacer realidad una justicia que responda a sus derechos, su cultura y su vínculo con la tierra.
Un hito relevante fue la firma del Pacto por el acceso a la justicia de las mujeres rurales de los Montes de María, donde lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes expresaron su compromiso por una justicia con enfoque de género y libre de violencias. El pacto reafirma la necesidad de que la JAR incorpore la voz y las demandas de las mujeres rurales, históricamente marginadas de los espacios de decisión.
Diálogos multiactor por la JAR en Montes de María
Hacia una justicia agraria con rostro comunitario
La implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural será gradual y requerirá un esfuerzo coordinado entre las instituciones del Estado y las comunidades rurales. Su puesta en marcha en las zonas con mayor demanda de justicia agraria permitirá atender con mayor pertinencia los conflictos sobre la tierra y fortalecer la confianza en las instituciones.
La JAR no solo busca resolver conflictos sobre la tierra: aspira a convertirse en una herramienta para la reconciliación y la equidad, contribuyendo a la implementación del Acuerdo Final de Paz y a una gobernanza territorial más justa.
Un paso hacia la paz desde el territorio
La experiencia en Montes de María demuestra que el acceso a la justicia rural no es solo un tema legal, sino profundamente social y político. A través del trabajo conjunto entre CNT, FAO y las comunidades, se están construyendo las bases de una justicia que reconozca la diversidad de los territorios y el papel fundamental de quienes los habitan.
El fortalecimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural es, en definitiva, una apuesta por la paz con justicia social, por un campo colombiano donde las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas puedan ejercer plenamente sus derechos y decidir sobre su futuro.
LA JAR ES UN PASO CLAVE PARA garantizar un acceso real y efectivo a la justicia en el campo